Este jueves, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a la periodista Lydia Cacho, por la tortura y abuso que sufrió en 2005, tras la publicación de un libro, donde reveló una red de explotación sexual infantil.

Por las agresiones de las que fue víctima, la discriminación de género y de todas las acciones que obstaculizaron su acceso a la justicia hace 13 años, el Estado mexicano, en un acto inusual, le ofreció disculpas.

“Ciudadana Lydia Cacho, a nombre del Estado Mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”, externó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

También aseguró que las autoridades mexicanas asumen la responsabilidad de los hechos acontecidos hace más de diez años, y que esperaba que ese acto “nos permita alcanzar una mejor cultura democrática para el fortalecimiento de los derechos humanos en México”.

En 2005, la activista fue detenida por agentes policiales, luego de sacara a la luz “Los demonios del Edén”, libro de su autoría donde expuso a altos funcionarios y empresarios que se encontraban involucrados en una red de explotación sexual de infantes. Dos de esos empresarios, Kamel Nacif y Jean Succar Kuri eran amigos del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.

En esta detención, Cacho fue tocada indebidamente, amedrentada y torturada física y psicológicamente.

Tras escucharse en el acto un audio de amenazas que la periodista recibió en llamadas telefónicas, Lydia Cacho refirió que si mujeres como ella se juegan la vida por los derechos humanos, lo menos que esperan es que“el gobierno de este país tenga la mitad de valentía que nosotras hemos tenido”

“Ni torturadas ni perseguidas vamos a someternos al poder del periodismo machista ni al poder patriarcal. Queremos que haya justicia para las mujeres de Atenco, las víctimas de la Guardería ABC”, añadió.

Las disculpas a Cacho fueron dadas luego de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas determinó que la detención fue punitiva y arbitraria, por lo que el Estado debe procesar, juzgar y castigar a los responsables.

Fuentes: AFP/El economista/Reporte Índigo

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