Organizaciones civiles y gobierno de la CDMX presentan campaña que beneficia a trabajadoras del hogar - Mujer Ejecutiva

El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) en alianza con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX (STYFE) presentaron la campaña #MásqueOpciónEsUnDerecho, la cual busca crear conciencia en las personas empleadoras de trabajadoras del hogar para que cumplan sus obligaciones de pagarles aguinaldo, elaborar un contrato laboral y registrarlas en la seguridad social, entre otras. Gobierno 

En México, hay 2.2 millones personas trabajadoras del hogar, 9 de cada diez son mujeres y representan al 4% de las personas ocupadas en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE) del primer trimestre de 2021.

Actualmente, la ENOE señala que el 96% de las personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado trabajan en la informalidad; 71% no tienen prestaciones, el 89.5% ganan dos salarios mínimos o menos, el 8.5% recibe vacaciones con goce de salario, el 98% no tienen seguridad social ni acceso a servicios de salud y solo el 1.5% están afiliadas al programa Piloto del IMSS. Por su parte, datos del estudio de la OIT informa que el 74% no recibe aguinaldo por el trabajo que realiza. (Perfil del trabajo doméstico remunerado en México, 2019) 

“La campaña busca concientizar a quienes emplean a trabajadoras del hogar sobre algunos de los derechos que por ley les corresponden como el aguinaldo, contrato y el registro al Seguro Social. Hoy son obligaciones de las personas empleadoras, y también una responsabilidad del Estado garantizarlos. Cumplirlas son un paso fundamental para erradicar la desigualdad estructural. Desde el feminismo acompañamos esta lucha histórica de las trabajadoras del hogar”, señaló Friné Salguero, Directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. 

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El 5 de diciembre de 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la exclusión de las personas trabajadoras del hogar del sistema de seguridad social era discriminatoria e inconstitucional y ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social la implementación de un esquema que permitiera incorporar a los y las trabajadoras del hogar al Seguro Social para contar con las diversas prestaciones y seguros que derivan del derecho a la seguridad social, motivo por el cual se implementó desde 2019 las fases I y II del Programa Piloto de esta institución.

Esta sentencia de la SCJN también  fue el antecedente para que se reformara el capítulo XIII de la Ley Federal del Trabajo que establece,;entre otros temas: la obligatoriedad de contar con contrato escrito que especifique las condiciones de trabajo; la prohibición de solicitar a la trabajadora prueba de embarazo; se regula la jornada a ocho horas máximo y descanso mínimo de nueve horas consecutivas; pago de horas extras cuando se exceda la jornada establecida; pago de prestaciones como vacaciones, prima vacacional, días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad social y aguinaldo. 

Asimismo, se reformó la Ley del Seguro Social donde se estableció a las personas trabajadoras del hogar como sujetas de aseguramiento dentro del régimen obligatorio del Seguro Social. 

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Frente a la COVID-19, las condiciones de precariedad de las trabajadoras del hogar se han agudizado. Se han intensificado las cargas de trabajo de cuidados y limpieza debido al confinamiento por otra parte, las restricciones de movilidad y la suspensión;de actividades escolares hacen más necesarios los cuidados a poblaciones de dependencia como niños, niñas, personas con discapacidad y personas mayores.

Esta emergencia sanitaria ha tenido consecuencias en cuanto al incremento de los riesgos a su salud: han sido presionadas o persuadidas a trabajar en esquemas de planta sin descanso adecuado y alejadas de sus familiares. Quienes trabajan en la;modalidad de tiempo parcial se desplazan principalmente en transporte público, esto las expone a contraer el virus y ser transmisoras potenciales al interior de sus hogares,;aumentando su vulnerabilidad al no contar con acceso a servicios de salud, pues la mayoría carece de afiliación a la seguridad social.

Estas condiciones profundizan las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que se encuentran, además de enfatizar las desigualdades sociales porque;los salarios precarios, la falta de prestaciones sociales y la condición de discriminación representan empobrecimiento y mínimas posibilidades para enfrentar situaciones emergentes o de invertir en su futuro o en el de su familia.

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