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Violencia contra las mujeres impide que exista una democracia de calidad


La asociación civil ControlaTuGobierno, apuntó que mientras el Estado no reconozca que existe violencia contra las mujeres, no habrá democracia de calidad

El aumento de la representación de mujeres en el congreso, que en México es del 50%, por sí sola, no garantiza una verdadera lucha contra la corrupción y la violencia de género, por lo que se debe ir más allá de sólo en el incremento de funcionarias públicas y tomadoras de decisiones, para que realmente se pueda hablar de una auténtica democracia de calidad para las mexicanas, según señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En México, existe una retórica y práctica populista que se caracteriza por la falta de respeto hacia los organismos que garantizan la rendición de cuentas de las instituciones de gobierno, que son las que protegen el pluralismo político y constituyen pilares importantes de la democracia, cuya inoperancia afecta principalmente a las mujeres y niñas, de acuerdo con los resultados del proyecto Calidad de la democracia más allá de las urnas.

Dicho material, presentado por la asociación civil ControlaTuGobierno, busca dotar a las organizaciones civiles de mujeres con herramientas ciudadanas de análisis que les permitan supervisar el buen funcionamiento de las instituciones que tienen por objeto la protección de los derechos humanos de las mujeres.

Agenda para erradicar la violencia contra las mujeres

Como resultado de las reflexiones de esta colectiva de organizaciones de mujeres, se presentó una agenda urgente encaminada a erradicar la violencia hacia las mujeres y construir el camino democrático para este grupo de la población, la cual consiste en:

  • El reconocimiento del Estado de que existe la violencia contra las mujeres porque históricamente la respuesta no ha sido proporcional al tamaño del problema.
  • Recordar a las nuevas autoridades electas que tienen un compromiso y una responsabilidad para priorizar los presupuestos etiquetados para la prevención y atención de violencia contra las mujeres.
  • Atender las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la política de igualdad entre mujeres y hombres, y la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
  • Advertir que un Estado militarizado es un Estado que genera violencia y esa violencia atraviesa principalmente a los grupos históricamente discriminados, desalienta la participación y limita el ejercicio de la ciudadanía, principalmente de las mujeres.
  • Que el gobierno deje de criminalizar las formas de protesta que adoptan las juventudes y mujeres cuando denuncian la violencia, exigen sus derechos y participan en el espacio político.
  • El reconocimiento de la labor de las defensoras de derechos humanos por parte del Estado y que este garantice su seguridad.
  • El fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción como herramienta que impulse una democracia de calidad, más allá de las urnas, porque la corrupción está estrechamente relacionada con la ineficacia de las políticas públicas para proteger los derechos de las mujeres.