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Este 17 de octubre se celebran los 64 años del reconocimiento al derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas para puestos de elección popular, gracias al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1953.

Es una fecha relevante pues se permitió una mayor participación de la mujer en la vida política, no sólo en acudir a las urnas a votar sino también a ser votadas para acceder a los cargos de elección popular. Esto influyó para el reconocimiento de otros derechos que la colocaron en un plano de igualdad frente al hombre.

El pasado 8 de septiembre, México arrancó el proceso electoral mediante el cual se elegirán 3,416 cargos de elección popular en todo el país. La promoción a la igualdad electoral dio un gran avance, pero al mismo tiempo hizo visible un problema que siempre ha estado presente: la violencia política contra las mujeres, uno de los retos más difíciles para quienes aspiran a participar o se encuentran en alguna contienda electoral.

Ximena Andión, Directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), señala que “se han generado condiciones de profunda inequidad para la mayoría de las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular, que compiten en las estructuras partidistas para ocupar los espacios de mayor peso, o bien, se desempeñan como funcionarias y buscan dejar una huella en la gestión pública”.

De acuerdo con el Informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales sobre la violencia política contra las Mujeres, Diagnóstico y Avances, en el periodo comprendido de 2013 a 2016 se abrieron 416 expedientes entre averiguaciones previas y carpetas de investigación. El 53.1% de los casos se presentó en 2016, año en el que, según la Fepade, se admitieron 156 casos de este delito, de los cuales se han desprendido solo cuatro órdenes de aprehensión en total.

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