Por: Lorena Jiménez Salcedo
Presidenta del Comité de Federaciones de Coparmex
El artículo 1o. de nuestra Constitución, en su tercer párrafo nos dice que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” Así de claro, así de concreto, así de tajante, pero eso no está pasando.
En medio de un mar de preguntas y bajo un clima de rabia, dudas e impotencia, el pasado jueves 21 de abril, la Fiscalía del estado de Nuevo León informaba la localización de un cuerpo en una cisterna en desuso de un motel llamado Nueva Castilla y de acuerdo a sus investigaciones, todo indicaba que era Debanhi Escobar, una chica de 18 años que días antes se había reportado como desaparecida tras asistir a una fiesta con sus amigas.
Y no, sus amigas no son culpables de su muerte, pues ninguna mujer debería correr riesgos para llegar a su casa sola después de una fiesta, una reunión, ir a la escuela o regresar de su trabajo; desafortunadamente eso pasa en México y la lista de mujeres desaparecidas y asesinadas sigue creciendo; se calcula que en nuestro país todos los días mueren 11 mujeres y desaparecen 7, por el simple hecho de ser mujeres.
El caso de Debanhi o el de la pequeña Victoria Guadalupe de seis años que también fue asesinada en Querétaro, como muchos otros, nos recuerda la desprotección y la violencia sistémica a la cual estamos sometidas las mujeres en este país, que lejos de tomarlo como un asunto de extrema prioridad, se sigue minimizando la exigencia de justicia, leyes y mecanismos eficientes para prevenir, erradicar cualquier tipo de violencia en contra de nosotras.
Nos hemos convertido en una sangrienta estadística y lo peor de todo es que se ha “normalizado” y no, no somos números, somos ciudadanas con nombres y apellidos, son miles de familia que lloran las muertes de sus mujeres en un país que sepulta cualquier sueño o futuro.
El gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales necesitan tomar medidas urgentes para atender este grave problema, pero desgraciadamente existe un desinterés y apatía general, así lo demuestran los hechos y los datos, pues el 85% del territorio mexicano está bajo la alerta de género, sin embargo, ya se ha visto que este mecanismo no ha ayudado a reducir esas dramáticas cifras.
Urge una capacitación integral para que todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias públicas conozcan la problemática, especialmente aquellos que “atienden” directamente los casos de violencia de género, porque es aquí donde la gran mayoría de las víctimas y de las familias de las víctimas de asesinato acusan una falta de empatía y una revictimización constante, lo que invariablemente favorece al victimario; impera la impunidad y no se hace justicia.
Hace unos días, volvimos a salir a las calles a gritar y a exigir leyes que nos protejan y que nos garanticen protección y justicia, porque nadie puede estar tranquila en un país en el que nos siguen matando y maltratando.
Es obvio que el gobierno, en todos sus niveles, debería ser el primer promotor de esquemas de protección. Sin embargo, lejos de estarnos quejando atrás de una computadora, considero que es momento de involucrar a toda la sociedad, empezando por los empresarios, las organizaciones civiles, educativas y hasta las religiosas.
Debemos construir esquemas que nos ayuden a detectar cualquier indicio de violencia en el hogar, en los centros de trabajo, en las escuelas, en todos lados y tratar con un alto sentido humano y profesional cada caso. En esta gran cruzada debemos involucrar en su totalidad a los hombres, pues deben comprender y hacerse conscientes de todos los tipos de violencia que pueden ejercer para que transiten hacia una masculinidad positiva. Sólo así podremos salvar vidas y reducir esos índices de sangre que bien podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.
No nos quedemos con los brazos cruzados, trabajemos, exijamos y luchemos por un país sin violencia ni asesinatos en contra de las mujeres. Necesitamos funcionarios capacitados en perspectiva de género, sensibles, empáticos, comprometidos y transparentes, que se conviertan en aliados y no en cómplices.
Que no nos utilicen cada vez que haya elecciones. Hay que utilizar las redes sociales y todo medio de comunicación a nuestro favor para no premiar con un puesto público a quienes no cumplan con el primer mandato constitucional, aquel que juraron cumplir. #OpiniónCoparmex
