Debido a la pandemia, la tasa de desocupación femenina se incrementará a 15.2%, seis puntos más que lo que se registró en 2019
La crisis provocada por el Covid-19 podría dejar hasta 118 millones de mujeres en América Latina (AL) en situación de pobreza, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas.
«La tasa de desocupación femenina se incrementará a 15.2%, seis puntos más que lo que se registró en 2019. Y eso que ya venimos de una linea de base baja porque la participación de las mujeres es mucho menor a la de los hombres», apuntó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
Lo anterior fue expuesto durante la presentación de informe Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19, donde, entre otros temas, se habló sobre los sectores de la población más vulnerable y por ende más afectados por la pandemia.
Uno de los factores que deja a las mujeres más desprotegidas es que más de la mitad de ella laboran en el mercado informal o en trabajos que representan alto riesgo (como la manufactura y el comercio) para su salud y economía. Además, también son ellas las que tienen más riesgo de perder sus empleos.
«Las mujeres van a ser particularmente afectadas de forma desproporcional porque va a haber desempleo, pobreza y sobre todo se van a ver afectadas por una sobrecarga de cuidados especialmente en los hogares más pobres», agregó Bárcena.
En este sentido, subrayó que la clave para hacer frente a esta problemática, es la creación de una infraestructura que contemple a los cuidados como una tarea universal, dividiéndolos de forma equitativa entre hombres y mujeres y no contemplando estas actividades como exclusivas del género femenino.
«La construcción del sistemas integrales de cuidados son elementos clave de recuperación socioeconómicas. Esto va a ser que los sectores públicos y privados puedan involucrarse, lo que le quitará esa carga a las mujeres», consideró María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres.
¿Cómo lograrlo?
Durante el encuentro se coincidió en que es necesario que los gobiernos inviertan en políticas públicas que garanticen salud sexual y reproductiva integral. Asimismo «urge» ofrecer espacios de trabajo dentro de la economía formal con sueldos justos y seguridad social para las trabajadoras.
Finalmente apuntaron la necesidad de ampliar la cobertura de programas sociales de empleo y protección social con el objetivo degarantizar los derechos de las mujeres migrantes, afrodescendientes, indígenas, rurales, de comunidades de base y mujeres con discapacidad.
